El movimiento 27-F surge ante la desprotección de los ciudadanos por parte de la institucionalidad nacional, que desconoce los principios fundamentales de los derechos humanos inherentes a la ocupación del territorio. Resguardar la vida y por sobre todo, la de los seres humanos. Velar por su seguridad, por sus condiciones de salubridad, y por la protección de sus bienes propios, igual que por los compartidos en comunidad.
Hemos visto como miles de personas han perdido sus bienes, su patrimonio, y sus sueños. Sin embargo, la institucionalidad no ha respondido. No cumple con resguardar adecuadamente a la vida.
En un país sísmico, esta protección de la vida requiere una edificación acorde con esta realidad de nuestra geografía:
Norma antisísmica, a lo menos, para soportar movimientos telúricos de grado 8.5 o superiores, en el caso de la construcción en altura.
El Estado tiene la responsabilidad de reconocer la presencia de fallas geológicas; identificar su área de impacto, e instituir las medidas de protección y prevención a que haya lugar.
Debe existir información obligatoria de los municipios a los habitantes de la comuna sobre los eventos naturales de riesgo acontecidos en su territorio, sus respectivos períodos de retorno, y las medidas de prevención y las responsabilidad ciudadanas.
Sistemas de seguros del Estado que subsidie a las familias con viviendas tasadas bajo 2.000 UF y seguros básicos a las personas en áreas de alta sismicidad.
Debe existir información pública visible para cualquier interesado sobre la capacidad de carga de los suelos, y además, inspección técnica sistemática y aleatoria para verificar y controlar que las edificaciones se realizaron de acuerdo con la capacidad del suelo y su respectiva norma sísmica.
Debe restituirse que la autoridad municipal calificada tenga a su cargo revisar los planos estructurales de la edificación sobre los 4 pisos en todas las comunas, con especial énfasis y obligatoriaridad en áreas de gran sismicidad.
El Estado y las instituciones pertinentes designadas para ello, deben entregar la información geológica, carta de tsunamis, y carta de riesgos naturales y antrópicos de los asentamientos humanos para ser incorporadas a los planes reguladores de todas las comunas del país, información que será obligatoria y vinculante a cualquier inversión inmobiliaria.
El Estado, el municipio y todas sus instituciones, como así también los edificios de uso público, tendrán en cada edificio un plan de evacuación de sismos, con información a la vista de salidas y vías de evacuación de las personas. Todo edificio en el país deberá contemplar las áreas de resguardo sísmico interiores y exteriores.
Todo habitante del país tendrá un seguro básico en caso de terremoto que contemplará medidas de atención de salud, alimentación básica, resguardo habitacional básico en condiciones sanitarias adecuadas
- Las siguientes organizaciones y personas suscriben este acuerdo de solidaridad básico para vivir en este país:
Compartir el nacimiento del Movimiento 27 de Febrero con quienes tengan conciencia de las graves falencias institucionales de nuestro país para enfrentar desastres como el del 27 de Febrero pasado.Su ideología es la de proteger a los ciudadanos, que somos todos, por lo tanto es incluyente.Espero que muchos chilenos (as) se sumen a el.
ResponderEliminarLeopoldo